La multa de las 9.12 en la calle Herrería
A las 9.12 de la mañana del 4 de agosto, Marcos Revuelta paró su furgoneta de reparto frente al número 14 de la calle Herrería, en el casco viejo de Santander. Dejó el motor al ralentí mientras bajaba dos cajas de lechugas y tomates para el restaurante de enfrente, una operación que antes le llevaba tres minutos exactos. Un agente de movilidad le pidió los papeles y le levantó acta: 200 euros de sanción, sin margen para alegar porque su vehículo, un diésel de 2009, no tiene distintivo ambiental.
Revuelta trabaja para una cooperativa de reparto que sirve a 37 clientes entre el Mercado de la Esperanza y la calle Calderón de la Barca. La nueva ordenanza municipal prohíbe la entrada a los vehículos sin etiqueta B de la DGT en un perímetro que va desde la Plaza Porticada hasta la calle Alta, pasando por el Paseo de Pereda. «Antes hacía catorce entregas en dos horas. Ahora hago cinco, y las otras nueve las tengo que mandar andando con un carro», explica Revuelta, que cobra por entrega completada, no por hora trabajada.
El cambio no es solo suyo.
Nueve comercios que ya no piden a las nueve
La frutería La Huerta de Pombo, en la calle Juan de la Cosa, lleva desde el 5 de agosto recibiendo la mercancía una hora más tarde de lo habitual. Su responsable, Alicia Pombo, calcula que en la primera semana de agosto ha perdido 214 euros en ventas de producto fresco que llegó demasiado maduro para exponerlo. «El repartidor me llama desde el túnel de Puertochico y me dice que no puede subir. Yo tengo que mandar a mi sobrino con una carretilla hasta la Plaza de México para recoger las cajas», detalla Pombo, que atiende un local de 28 metros cuadrados con dos empleados.
El problema se repite en negocios pequeños que dependen de entregas diarias y no disponen de almacén propio. Un estudio de la Cámara de Comercio de Cantabria, con datos de 61 establecimientos del centro, señala que el 43% ha reducido sus pedidos a mayoristas desde la entrada en vigor de la norma. La Federación de Comercio de Santander pide una moratoria de seis meses y ayudas directas para cambiar de vehículo, que en el caso de una furgoneta eléctrica pequeña ronda los 28.500 euros sin subvención.
El Ayuntamiento defiende la medida como paso obligado para cumplir con la ley estatal de cambio climático. La concejala de Movilidad, Nuria Castañeda, asegura que el consistorio ha habilitado 14 plazas de carga y descarga con horario ampliado en el entorno de la calle Ruamayor. «No vamos a dar marcha atrás en la peatonalización del centro, pero estudiaremos caso por caso», declaró Castañeda el 11 de agosto durante un pleno extraordinario.
A dos calles de allí, en la calle Santa Lucía, el ultramarinos de Ramón Setién ha dejado de servir a domicilio. Setién, de 61 años, hacía entre ocho y doce repartos diarios a pie hasta hace tres semanas. Ahora ha colgado un cartel en la puerta: «No repartimos. Lo sentimos».
La alternativa cuesta 340 euros al mes
Los repartidores que siguen trabajando en el centro han improvisado soluciones que encarecen cada trayecto. Revuelta alquila desde el 6 de agosto una furgoneta eléctrica compartida con otros tres compañeros de cooperativa: 340 euros mensuales por vehículo, más 0,31 euros por kilómetro. Con ese gasto, su margen por entrega ha caído de 1,85 a 0,92 euros. «Trabajo el doble para cobrar lo mismo. Y el alquiler me lo como yo, no la cooperativa», añade.
La patronal del transporte ligero de Cantabria calcula que 112 furgonetas de reparto con base en Santander carecen de etiqueta B. Solo 19 de sus propietarios han solicitado las ayudas municipales para renovación, dotadas con 180.000 euros y cerradas el 31 de julio con menos de la mitad del presupuesto adjudicado. El Ayuntamiento no ha anunciado aún si ampliará esa partida.
Mientras tanto, los comercios del centro han empezado a modificar horarios y proveedores. La panadería de la calle del Medio, que abría a las 7.30, ya no recibe harina hasta las 10.00. Su dueña, Teresa Landaluce, ha contratado a un tercer empleado para atender el mostrador mientras ella misma va a buscar la mercancía a un aparcamiento disuasorio de la S-20. «Si esto sigue así, en septiembre cierro las mañanas», dice.
El próximo 1 de septiembre entra en vigor la segunda fase de la ordenanza, que extiende la restricción a los vehículos sin etiqueta C. Los afectados piden que se retrase.